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ZONA LIBRE LA COLUMNA
POR: ÁNGEL RAMÍREZ HERNÁNDEZ.
Todo pareciera que las Diputadas y Diputados que integran la Décimo Sexta Legislatura del Congreso de Quintana Roo, no perderán la oportunidad de cerrar como una de las más cuestionadas en la historia del estado, por decir lo menos.
Y mire que las expectativas con las que iniciaron, de la mano y lo que aparentaba el control del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y su 4T, eran muchas, pero resultó todo lo contrario.
Lo menos que pedía la ciudadanía, era que fueran la verdadera oposición al gobierno en turno, autoritario, corruptor e impune.
Lejos de ello, MORENA y sus coaligados, se convirtieron en los aleados más dóciles y cercanos a las esferas del poder, con un tufo de corrupción e impunidad, dónde imperó la parálisis legislativa, aunque argumentaran la pandemia en su defensa. Pero la cereza del pastel, todo indica será la sucesión en la presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
Y mire, solo para mostrar su muy cuestionado actuar, quedará el Decreto 131 emitido por la Décimo Sexta Legislatura, publicado el 14 de septiembre del 2021, mediante el cual se realizó la reforma a la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos que permite que las representaciones legislativas propongan personas candidatas a ocupar la presidencia de ésta Comisión que por principio y convicción, debe ser apolítica y autónomo del Estado mexicano, es decir, no depender de ninguna otra autoridad.
Pero bajo este procedimiento, el Congreso de Quintana Roo, pretende tener el control político de un organismo que en esencia debe ser autónomo, garante del respeto y la protección de los derechos humanos, perdiendo de vista que la naturaleza jurídica de este organismo debe ser apolítica. Porque es el vigilante del actuar de estos poderes en el respeto de los derechos humanos.
De ahí que para designar al presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, tengan legitimidad las diputadas y diputados y, pensar muy bien el sentido que le darán a su voto, respecto de aquella persona que además de cumplir con requisitos y perfil para el cargo, deberán estar exentos de cualquier tipo de control.
Pero como hacerlo, si las bancadas de todos los partidos políticos propusieron en conjunto, a dos de los 13 aspirantes al cargo, dejando a 11 prácticamente en desventaja, desigualdad, neutralidad e imparcialidad, es decir, prácticamente sin ninguna oportunidad, los llevan únicamente para legitimar y democratizar el proceso.
Las asociaciones que promueven a los aspirantes, no tienen voz ni voto y los grupos legislativos y las representaciones legislativas tienen voz y voto, a diferencia de las asociaciones que solamente pueden hacer propuestas.